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Crisis judicial genera reacciones


SANTO DOMINGO.-La Procuraduría General de la República inició una investigación para actuar por lo penal contra la juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional Awilda Reyes Beltré, quien admitió haber aceptado dinero para poner en libertad al regidor de Pedro Brand, Ericson de los Santos Solís.
   
Así lo anunció el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, tras la firma de un acuerdo de cooperación con Aduanas en la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
   
Según explicó el procurador, ya hay un equipo de fiscales trabajando en la investigación y, posteriormente, presentar las conclusiones, proceso tras el cual "procederemos en consecuencia", apuntó.
   
Por el momento, no dio detalles sobre una posible solicitud de medidas de coerción en contra de Reyes Beltré, ya que "todo tiene un orden. Ahora nosotros estamos haciendo una investigación" y cada cosa "se hará a su debido tiempo", dijo el procurador, que apuntó que el de la juez Reyes Beltré no es el único caso que se está  investigando.

ADOCCO pide jueces abandonen SCJ
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, pidió hoy la renuncia dl presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Dr. Mariano Germán Mejía, por permitir que en su gestión se produjeran actuaciones de jueces que ponen en peligro la institucionalidad del país, evitando el colapso total del sistema judicial dominicano, como se advierte luego de que el propio presidente informara al país que obtuvo la confesión de la suspendida juez  de que había evacuado fallos por instrucciones de superiores a los que el no identificó, en unos casos y en otro a cambio de dinero, de lo que dijo tener constancia, constituyendo esa acción uno de los mayores y graves escándalos en la magistratura dominicana, ya que de acuerdo a las informaciones que no ofreció el presidente del máximo órgano judicial, fungían como intermediarios jueces y ex jueces del sistema. 
    
Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, Coordinador General de la entidad de lucha contra la corrupción, dijo que la falta de gerencia, vigilancia, supervisión y fiscalización, como responsabilidad de quien obstante un cargo como ese, constituyen faltas graves en el ejercicio de sus funciones, lo que conforme a la constitución de la república, es la causal para enjuiciar políticamente a los funcionarios electos o designados para un periodo determinado, como es el caso de la especie, por lo que sería más saludable para la institucionalidad afectada que dimita y que el Consejo Nacional de la Magistratura proceda a escoger su sustituto y de esa forma podría restablecerse la confianza perdida en el estamento judicial, afectado sensiblemente por los desafueros de jueces en todos los niveles, de los cuales no se tiene conocimiento público, como en la jurisdicción penal, por el componente social en el que interviene. Dijo el vocero de ADOCCO. 

Nueva Democracia exige también renuncia    
El colectivo de participación política Nueva Democracia exigió hoy la renuncia de todos los miembros Suprema Corte de Justicia a raíz de las declaraciones de la jueza de la Cuarta Sala Penal, Awilda Reyes Beltré, de aceptar dinero para liberar a un regidor acusado de sicariato. Así mismo, exigen la renuncia del Procurador Fiscal, quien ha evidenciado su incapacidad para instrumentar una acusación y para ejercer una política criminal efectiva.
   
“La justicia dominicana es un mercado muy lucrativo donde continuamente se realizan transacciones cuyo objeto principal son las decisiones judiciales favorables para un grupo de intereses económicos y políticos” afirmaron.
   
Para Nueva Democracia, el Poder Judicial dominicano está compuesto por administradores de justicia que lo moldean de acuerdo a sus propias garantías; jueces y auxiliares corruptos, fallos que dependen del mejor postor y un Ministerio Público inútil, que no ha sabido instrumentar casos de forma efectiva ni tiene la suficiente autonomía para perseguir la corrupción. 

“Con este ‘mercado judicial’ no se ha logrado más que preservar y fortificar un sistema que escuda de la impunidad hacia aquellos que suponen ejercer justicia, hacer leyes y principalmente, los que representan, administran y actúan en nombre de la República Dominicana, que son los que nombran a los integrantes del Poder Judicial”, indican.