SANTO DOMINGO.-Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) constituye una gravísima situación la que se ha abierto con la acusación que el magistrado Procurador General de la República ha presentado contra seis jueces penales, a quienes se les imputa haberse asociado para manipular procesos judiciales y negociar la libertad o variación de medidas contra personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
El carácter y gravedad de la acusación remitida al Presidente de la Suprema Corte de Justicia es alarmante, tomando en consideración que entre los jueces señalados se encuentra un miembro del Consejo del Poder Judicial, que es el máximo órgano de gobierno de ese Poder del Estado, así como jueces de diferentes instancias de la jurisdicción penal en los departamentos de Santo Domingo y el Distrito Nacional.
La acusación constituye, de hecho, la formalización de las graves denuncias que diferentes sectores y personas habían manifestado en los últimos meses que señalaban directamente a jueces penales como responsables de sentencias, actos y decisiones diversas con indicios claros de violación del derecho y en ruptura abierta con los sistemas de integridad en el Poder Judicial.
La acusación revela, de ser ciertos los hechos imputados, que están en grave peligro las reformas implementadas en el Poder Judicial en los últimos años, especialmente para el reforzamiento de la independencia de los jueces, las garantías de imparcialidad de sus decisiones y la fortaleza de los cambios institucionales en este órgano vital del sistema de justicia.
La acusación pone asimismo en entredicho la calidad de los controles internos y los mecanismos de prevención, inspectoría y seguimiento de los modernos sistemas de gestión implementados en el Poder Judicial, lo que significará a corto plazo, en un deterioro más agudo de la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, dada la magnitud de lo que parecer ser un escándalo vergonzoso.
FINJUS llama al Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Dr. Mariano Germán Mejía, a realizar todas las diligencias que fueren necesarias, en el marco del debido proceso de ley, para que todas las personas que pudieren estar implicadas en los hechos señalados en la acusación del Procurador General de la República, reciban las sanciones correspondientes, tanto por las faltas graves cometidas en el ejercicio de la función jurisdiccional como en el ámbito penal por los delitos y crímenes que representan.
FINJUS reitera su fe en la capacidad de las instituciones democráticas para investigar y sancionar a los funcionarios públicos que, valiéndose de las funciones que el pueblo y sus representantes han puesto en sus manos, se aprovechan para cometer actos reñidos con las leyes y la Constitución. Esperamos que en esta ocasión el Poder Judicial sepa reaccionar a la altura de las exigencias del pueblo dominicano para que la justicia sea eficiente e implacable contra el crimen organizado en sus diferentes variantes.
Procurador no descarta investigar otros jueces
Santo Domingo.- El procurador general, Francisco Domínguez Brito, no descartó que otros jueces sean investigado por supuesta irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
El procurador habló con la prensa un día después de que el Consejo del Poder Judicial suspendiera y enviara a juicio disciplinario a cinco jueces recientemente acusados por el
procurador de supuestamente formar parte de una estructura dedicaba a manipular procesos judiciales y a negociar la libertad de criminales.
"Esto no debe quedarse así, esto hay que seguirlo. Probablemente hay más personas involucradas y vamos a seguir en todo el proceso", aseguró hoy el procurador a la salida de una reunión con el jefe de la Policía, Nelson Peguero Paredes.
Diputados respaldan decisión Poder Judicial
Diputados de las diferentes bancadas expresaron su respaldo a la decisión del Poder Judicial de suspender e investigar a varios jueces acusados de cometer faltas graves en el desempeño de sus funciones.
El diputado Henry Merán al respaldar las investigaciones que debe ampliarse para determinar si existen otros actores involucrados en dichos casos.
“En todas las sociedades ocurren situaciones como esa, los seres humanos son vulnerables, hay vicios, y sobre todo pasible, algunos, no todo, de ser tentado, de ser convencidos por cierto sectores del crimen organizado, que en sus debilidades de perpetuarse en la comisión de crímenes y delitos”, sostuvo Merán.
En tanto, el diputado Luisín Jiménez dijo que las investigaciones no deben quedar en la judicatura y presentar documentos de sus fortunas, sino que deben indagarse a otros estamentos del poder.
Señaló que el problema de la justicia no es simplemente los jueces, muchas veces el Ministerio Público prepara un expediente “intestinalmente” para que se caiga en los tribunales.
“Cuando el expediente llega incompleto donde un juez, el magistrado no tiene otra opción que descargarlo por insuficiencia de pruebas.”, explicó Jiménez.
De su lado, el vocero de los diputados del PRSC, Ramón Rogelio Genio, expresó que hay falta de credibilidad en el Poder Judicial, que surge de la ausencia de sentencia ejemplarizante en el manejo de casos de corrupción en la administración pública y en los casos narcotráfico.
Puso como ejemplo el caso de los casos de los pilotos franceses y otros casos, donde las fallas procesales han salido a la luz pública, diseñada desde el origen o sentencias que no se corresponde con el espíritu de la legislación, sino con el interés particular los magistrados en contubernio con el crimen organizado.
En ese mismo orden el vocero de los diputados del PRM, Nelson Arroyo, dijo que hay revisar muchas cosas en el país, y no solamente en la Suprema Corte de Justicia, sino también a nivel del Ministerio Público y del Gobierno.
