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SANTIAGO.-Las asociaciones empresariales y entidades promotoras del
desarrollo de Santiago se manifestaron a favor de que los Tribunales de
la República sean el espacio para dirimir todos los conflictos
económicos, sociales y los casos de corrupción, identificándose con los
procedimientos impulsados por la Procuraduría General de la República y
el Ministerio Público, investigando y sometiendo las situaciones que lo
ameriten.
En un documento público, la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Corporación Zona Franca de Santiago, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, Asociación para el Desarrollo (APEDI), Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) y Asociación de Empresas de Zonas Francas Santiago fijaron su posición en torno al sometimiento a la justicia del senador de San Juan, Félix Bautista.
Agrega que el Ministerio Público, por mandato constitucional (Artículo 169), es el órgano del sistema de justicia responsable de la implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad, gozando de plena autonomía y principios de actuación de soberanía funcional, administrativa y presupuestaria, de acuerdo al Artículo 170 de la Constitución.
“Entre todos, Sociedad, Empresa y Estado, tenemos que contribuir para que el Ministerio Público, ejerza sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. Es un órgano cuyas funciones deben ser facilitadas por todos los sectores para que ejecute un excelente y transparente desempeño. Especialmente por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo de la Nación y la Sociedad en su conjunto” sostienen los empresarios e instituciones de Santiago en su comunicado.
Agrega que “las Asociaciones Empresariales y Entidades de Desarrollo participantes de Compromiso Santiago 2016 entienden que debe ser un real compromiso de toda la sociedad, exigir el buen manejo de los recursos. Finalizaron indicando que todos los órganos públicos, ministerios, instituciones autónomas y ayuntamientos, deben elevar sus niveles de transparencia y siempre estar prestos y disponibles para facilitar el acceso ciudadano a la dinámica administrativa y financiera del sector público”.
En un documento público, la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Corporación Zona Franca de Santiago, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, Asociación para el Desarrollo (APEDI), Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) y Asociación de Empresas de Zonas Francas Santiago fijaron su posición en torno al sometimiento a la justicia del senador de San Juan, Félix Bautista.
Agrega que el Ministerio Público, por mandato constitucional (Artículo 169), es el órgano del sistema de justicia responsable de la implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad, gozando de plena autonomía y principios de actuación de soberanía funcional, administrativa y presupuestaria, de acuerdo al Artículo 170 de la Constitución.
“Entre todos, Sociedad, Empresa y Estado, tenemos que contribuir para que el Ministerio Público, ejerza sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. Es un órgano cuyas funciones deben ser facilitadas por todos los sectores para que ejecute un excelente y transparente desempeño. Especialmente por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo de la Nación y la Sociedad en su conjunto” sostienen los empresarios e instituciones de Santiago en su comunicado.
Agrega que “las Asociaciones Empresariales y Entidades de Desarrollo participantes de Compromiso Santiago 2016 entienden que debe ser un real compromiso de toda la sociedad, exigir el buen manejo de los recursos. Finalizaron indicando que todos los órganos públicos, ministerios, instituciones autónomas y ayuntamientos, deben elevar sus niveles de transparencia y siempre estar prestos y disponibles para facilitar el acceso ciudadano a la dinámica administrativa y financiera del sector público”.
